Actualizado 20 de octubre de 2026
El 19 de octubre de 2026, agentes federales arrestaron a 11 personas en California. Son parte de 28 residentes permanentes legales, personas con green card, acusadas mediante denuncia penal (criminal complaint) de delitos electorales federales en lo que el Departamento de Justicia llama "Operation Protect the Vote", una acción coordinada de las cuatro Fiscalías Federales del estado. Trece de los 28 están acusados en el Distrito Central de California, el distrito federal que cubre Long Beach y Downey. Tres de esos trece viven en Long Beach; otros viven en Wilmington, Carson, Pico Rivera, La Puente, West Covina, Commerce, Rancho Palos Verdes y Anaheim. El gobierno alega que 22 de los 28 votaron y que los demás se registraron sin votar. Funcionarios le dijeron a Los Angeles Times que las personas que aún no han sido arrestadas estarían detenidas pronto. (Fuentes: el anuncio del Departamento de Justicia del 19 de octubre de 2026, y Los Angeles Times el mismo día.)
Esta guía explica de dónde salen estos casos, qué se acusó en realidad y bajo qué leyes, qué conlleva cada cargo, qué le hace una condena a la green card, cómo la gente termina en el padrón de votantes sin querer, y qué hacer si HSI se comunicó con usted o con alguien de su familia.
De dónde salen estos casos
El 13 de octubre, el gobierno federal le entregó a California una lista de más de 20,000 votantes registrados a los que describe como probables no ciudadanos, armada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cruzando bases de datos del gobierno, y pidió que sus boletas por correo se apartaran hasta confirmar la ciudadanía. La Secretaría de Estado y el condado de Los Ángeles se negaron, diciendo que la lista no había sido verificada y que la ley federal prohíbe ese tipo de remoción dentro de los 90 días antes de una elección. Estados Unidos demandó el 15 de octubre, y el 19 de octubre le pidió a un juez federal que impidiera que se procesen las boletas de las personas en la lista. Las 28 personas acusadas están en esa lista, y el Departamento de Justicia dice que ha acusado a 113 no ciudadanos en 20 estados en las últimas siete semanas.
El punto práctico para un residente permanente que alguna vez estuvo registrado para votar en California es simple: su nombre puede estar en esa lista haya votado o no, y el momento de pedir asesoría es antes de que llegue una carta, no después.
Qué se acusó en realidad
En el Distrito Central, todos los acusados enfrentan el cargo de declaraciones falsas en una solicitud de naturalización, y algunos también el de registro fraudulento de votantes. Los dos son delitos graves (felonies) con un máximo legal de cinco años. El Distrito Este (Fresno y Sacramento) acusó el delito menor de votar sin ser ciudadano en una elección federal, con un máximo de un año. Los Distritos Norte y Sur agregaron declaración falsa de ciudadanía para votar e intento de obtener la naturalización ilegalmente.
Las denuncias describen el mismo patrón en casi todos los casos: un formulario de registro de votante, firmado bajo pena de perjurio, que afirmaba ciudadanía estadounidense, en varios casos del Distrito Central presentado desde 2002, 2003, 2005 y 2006; y después una solicitud de naturalización, presentada entre 2018 y 2026, que contestó que no a la pregunta de si la persona alguna vez había afirmado ser ciudadana, se había registrado para votar o había votado. Muchos de estos casos se armaron con la solicitud de naturalización, no con una boleta. Una solicitud N-400 pendiente o planeada es lo primero que hay que decirle a un abogado.
Las leyes, y qué conlleva cada una
Un máximo es un techo fijado por el Congreso, no un pronóstico; cómo se ve una sentencia en un caso específico depende de los hechos, de las guías federales de sentencia y del historial de la persona.
- Declaraciones falsas en asuntos de naturalización o ciudadanía, 18 U.S.C. § 1015(a). Hacer a sabiendas una declaración falsa bajo juramento en cualquier asunto relacionado con la naturalización, la ciudadanía o el registro de extranjeros. La solicitud de naturalización pregunta si alguna vez afirmó ser ciudadano, se registró para votar o votó. Hasta cinco años. Es el cargo que enfrentan todos los acusados del Distrito Central.
- Registro fraudulento de votantes, 52 U.S.C. § 20511(2). Presentar a sabiendas y deliberadamente una solicitud de registro de votante que se sabe materialmente falsa, en una elección con un cargo federal en la boleta. Hasta cinco años. El "registro fraudulento de votantes" del anuncio del gobierno es esta sección.
- Declaración falsa de ciudadanía para registrarse o votar, 18 U.S.C. § 1015(f). Afirmar a sabiendas que es ciudadano para registrarse o para votar, que es lo que pregunta la casilla de ciudadanía del formulario. Hasta cinco años. Acusado en los Distritos Norte y Sur.
- Obtener la naturalización ilegalmente, 18 U.S.C. § 1425. Obtener, o intentar obtener, la naturalización en contra de la ley. Hasta diez años en una primera o segunda ofensa, y una ciudadanía obtenida así se puede revocar. Acusado como intento en algunos casos de los Distritos Norte y Sur.
- Votar sin ser ciudadano, 18 U.S.C. § 611. Votar en una elección con un cargo federal en la boleta sin ser ciudadano. Un delito menor, hasta un año. No requiere probar que alguien le dijo que no podía votar. Es el cargo del Distrito Este.
- Declararse falsamente ciudadano, 18 U.S.C. § 911. Presentarse falsa y deliberadamente como ciudadano, en cualquier contexto. Hasta tres años. No está entre los cargos anunciados el 19 de octubre, pero es la ley general y se puede agregar.
La excepción estrecha. Las secciones 611 y 1015(f) exceptúan a la persona que cumple las tres condiciones: cada padre natural o adoptivo es o fue ciudadano de Estados Unidos; la persona empezó a vivir permanentemente en Estados Unidos antes de cumplir 16 años; y la persona creía razonablemente, en ese momento, que era ciudadana. Es poco común, y la sección 1015(a), el cargo por la solicitud de naturalización, no tiene esa excepción. Para alguien que creció aquí en una familia de ciudadanos, sigue siendo la primera pregunta que hay que hacer.
Qué le hace una condena a la green card
Para un residente permanente, el caso criminal es el menor de los dos problemas. La ley federal de inmigración hace deportable a quien no es ciudadano por votar en violación de cualquier ley (INA § 237(a)(6)) y por declararse falsamente ciudadano para cualquier propósito o beneficio, incluido votar (INA § 237(a)(3)(D)). El motivo de declaración falsa no tiene perdón (waiver) para la mayoría de las personas. También vuelve a la persona inadmisible, así que un viaje al extranjero puede terminar en el aeropuerto al regresar, y bloquea la naturalización: votar ilegalmente y las declaraciones falsas se tratan como falta de buen carácter moral.
La ley de inmigración tiene su propia versión de la excepción de arriba, con las mismas tres condiciones, tanto para el motivo de declaración falsa como para el de voto ilegal. La deciden los jueces de inmigración y USCIS, no la corte criminal.
De ahí se siguen dos cosas. Una declaración de culpabilidad ofrecida para terminar rápido el caso criminal puede ser justo lo que provoque la deportación; los abogados defensores están obligados a advertirlo (Padilla v. Kentucky), y el acuerdo tiene que construirse desde el principio con el resultado migratorio a la vista. Y cualquier cosa que se presente ante USCIS mientras el caso está abierto, una solicitud de naturalización, una renovación de la green card, un documento de viaje, es una declaración jurada que puede convertirse en evidencia. Una solicitud de naturalización pendiente ya se está cotejando contra el padrón de votantes; así se armaron la mayoría de los casos del Distrito Central. Nada debe ir a USCIS hasta que el abogado criminal y el abogado de inmigración estén de acuerdo.
Cómo la gente termina registrada sin querer
La teoría del gobierno en estos casos es que cada persona sabía que no era ciudadana y se registró o votó de todos modos. El conocimiento y la intención son elementos de las leyes de arriba, y el registro de cómo ocurrió la inscripción es donde un caso se gana o se pierde.
Desde 2018, California registra automáticamente a las personas elegibles a través de los trámites del DMV, a menos que la persona lo rechace. A los pocos meses del arranque, el DMV reconoció que alrededor de 1,500 personas, incluidos residentes legales que no eran ciudadanos, habían quedado registradas por error entre abril y septiembre de 2018 porque su propio personal cambió las respuestas de elegibilidad en las solicitudes, sin culpa del cliente; un error aparte ese mismo año afectó unos 23,000 registros. Los registros más antiguos, incluidos los de 2002 a 2007 en estos casos, vinieron de formularios en papel en los mostradores del DMV, de campañas de inscripción en tiendas, escuelas e iglesias, y de formularios del registro del condado, donde muchas veces un voluntario o un empleado llenaba el formulario y la persona lo firmaba, y donde la casilla de ciudadanía podía venir marcada de antemano, mal leída o mal traducida. Una persona puede estar en el padrón durante veinte años y recibir boletas por correo sin haber pedido nada de eso.
Nada de eso es una defensa garantizada, y una boleta por correo que se llenó y se devolvió es más difícil de explicar que un nombre en una lista. Pero quién llenó el formulario, en qué idioma estaba, qué muestran los propios registros del DMV o del condado y si alguien alguna vez explicó la casilla son hechos, y son lo primero que un abogado defensor va a buscar.
Si HSI le mandó una carta, le llamó o llegó a su puerta
El contacto suele tomar una de cuatro formas: una carta pidiéndole que vaya a una entrevista, una llamada telefónica, agentes en su casa o en su trabajo pidiendo hablar, o un arresto con orden judicial. Cada una significa que la investigación ya está en marcha. La entrevista es donde se arman los casos.
- Diga que quiere un abogado, y deje de hablar. Esa frase termina el interrogatorio, y no se puede usar en su contra. Explicar, disculparse o "aclarar las cosas" sí.
- No firme nada, y no dé su consentimiento para que revisen su teléfono, su casa o su carro. Si los agentes tienen una orden judicial, van a revisar; usted no tiene que ayudar, y no debe obstruir.
- No cancele ni "arregle" el registro, y no llame a la oficina de registro del condado. Después del contacto con agentes federales, un cambio en el registro se lee como conciencia de culpa, y es en sí mismo un registro nuevo.
- No presente nada ante USCIS, y si tiene una solicitud de naturalización pendiente, dígaselo primero al abogado. La solicitud es con lo que se armaron la mayoría de estos casos.
- Guarde todos los documentos: la carta, cualquier formulario que le hayan dado, sus papeles del DMV, su expediente de naturalización, y las boletas y el correo electoral que ha recibido a lo largo de los años. Las fechas importan.
- No hable de los hechos por el teléfono de la cárcel ni por mensaje de texto. Las llamadas desde custodia se graban.
- Familiares: averigüen dónde tienen a la persona, y no intenten explicar en su nombre. La primera llamada es a un abogado, no al número de la tarjeta del agente.
Qué pasa en la corte federal
Los casos federales se mueven de otra manera que en la corte de Long Beach. Las 11 personas arrestadas el 19 de octubre tuvieron su primera comparecencia (initial appearance) esa misma tarde en la Corte Federal de Distrito; para el Distrito Central es el edificio federal Roybal en el centro de Los Ángeles. En esa comparecencia no se toma ninguna declaración de culpable o no culpable. Ahí, o poco después, un juez magistrado decide entre libertad y detención bajo la Ley de Reforma de Fianzas (Bail Reform Act). No hay tabla de fianzas; la pregunta es si hay condiciones que aseguren razonablemente que la persona se presentará y que la comunidad está segura. El estatus migratorio se discute en esa audiencia. Un residente permanente con raíces, trabajo y familia en la zona tiene argumentos para salir en libertad, aunque una orden de retención de ICE (detainer) puede complicarlo.
Antes de la audiencia, un oficial de servicios previos al juicio (pretrial services) entrevista a la persona. Esa entrevista es sobre las condiciones de libertad, no sobre los hechos del caso, y un abogado debe estar presente. Un caso que empezó con una denuncia tiene que llevarse ante el gran jurado (indictment) dentro de 30 días, y después vienen la lectura de cargos, el intercambio de evidencia, las mociones, y ya sea un acuerdo o un juicio. A la persona que no puede pagar un abogado se le asigna el Defensor Público Federal en la primera comparecencia; un abogado privado puede tomar el caso en cualquier momento.
El lado migratorio necesita su propio abogado
Un residente permanente que enfrenta estos cargos necesita un abogado de inmigración junto con el abogado defensor, desde el principio, y los dos tienen que trabajar con un mismo plan: el acuerdo, los tiempos y cualquier cosa que se presente ante USCIS deciden el resultado migratorio. La firma defiende el caso criminal y no lleva asuntos de inmigración; pregunte por una referencia en la primera conversación.
Si HSI se comunicó con usted o con alguien de su familia, el momento de llamar es antes de la siguiente conversación con un agente, no después. Una consulta con un abogado de defensa criminal federal en Long Beach o Downey cubre el cargo, la green card y qué hacer esta semana.
Esta página contiene información general para los residentes de Long Beach; no es asesoría legal sobre ninguna situación en particular. Las tarifas y los procedimientos de las agencias cambian: confirme los detalles con la agencia antes de basarse en ellos.
